Vidrios rotos, edificios destruidos y barricadas improvisadas en las calles forman el paisaje de Saravena, un pueblo colombiano del departamento de Arauca donde la guerra entre el ELN y disidencias de las FARC se ha cobrado este año la vida de al menos 45 personas.

La tensión reina en este pueblo fronterizo con Venezuela donde cerca de 50.000 personas viven con la zozobra de lo que pueda pasar a cualquier hora del día o de la noche a pesar de la presencia de militares y policías armados con fusiles ante la inminencia de los ataques de un grupo o del otro.

La gente también se acostumbró al toque de queda impuesto hace semanas, que arranca oficialmente a las 10.00 de la noche y termina a las 4.00 de la madrugada, aunque tan pronto oscurece las calles empiezan a quedar desiertas.

"El conflicto en nuestros territorios es lamentable porque la guerra nos deja solo pérdidas, pérdidas humanas importantes, el desarraigo del territorio. A algunas personas les ha tocado irse", asegura a Efe Adelis Contreras, líder comunitario de la vereda (aldea) Charo Centro, en el área rural de Saravena.

Es precisamente fuera del perímetro urbano donde más se siente la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC, al punto de que en el caserío de Puerto Nariño, por ejemplo, hay pintadas de ambos grupos en las paredes.

"El conflicto causa un gran trauma, la ruptura de un tejido social en las comunidades. Estoy preocupado porque a esto no se le ve ningún fin todavía. Como líderes estamos a la merced de este conflicto porque no tenemos quién nos cuide, solo Dios", dice Contreras, también miembro del Territorio Campesino Agroalimentario, conformado por organizaciones de la región.

A diferencia de otras zonas de Colombia donde el narcotráfico es el principal catalizador de la violencia, en Arauca hay pocos cultivos de coca y los líderes sociales achacan el conflicto a un problema viejo provocado por la extracción de hidrocarburos en la región y disputas con las compañías petroleras.

Entre el 1 de enero y el 21 de febrero hubo en Arauca 99 homicidios, de los cuales 45 ocurrieron en Saravena, mientras que hay 1.781 víctimas de desplazamiento forzado producto de los enfrentamientos y las amenazas, según el Ministerio de Defensa.

A esto se suman las amenazas y la violencia contra los líderes sociales, pues en entre enero de 2020 y junio del año pasado fueron asesinados en Arauca seis defensores de DD.HH., según el programa Somos Defensores.

Punto de inflexión 

Si bien los asesinatos de los primeros días del año causaron temor entre los saravenenses, lo que aumentó el miedo fue la explosión de un coche bomba el 19 de enero en una zona céntrica del pueblo, que dejó un muerto y cuantiosos daños materiales.

El blanco del atentado fue el edificio Héctor Alirio Martínez, que es sede de decenas de organizaciones sociales de la región y que quedó al borde de la ruina, mientras que edificaciones vecinas sufrieron también grandes daños materiales.

Ese ataque fue ordenado por la disidencia del Frente 28 de las antiguas FARC que es liderada por Omar Pardo Galeano, alias 'Antonio Medina'.

"'Antonio Medina', del Frente 28, empezó a circular algunas amenazas (en panfletos) en contra de la comunidad, especialmente presidentes de juntas de acción comunitarias", cuenta a periodistas el personero de Saravena, José Luis Lasso.

El funcionario, afectado por la violencia y desbordado por las denuncias diarias que recibe su despacho, recuerda que una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo ya había advertido de la "presencia de los diversos grupos en el territorio, del ELN y las disidencias de las FARC" que podría derivar en una "confrontación que implicaba riesgo para la vida de las personas".

Tan delicada es la situación que hasta mediados de febrero ya había recibido más de 200 denuncias por amenazas, desplazamientos y homicidios, todas de víctimas que temen por su vida.

Civiles bajo fuego 

Lasso, que detiene su relato por las lágrimas, asegura que otro problema de Arauca es que las disidencias y el ELN se acusan mutuamente de ser aliados del Gobierno y de apoyar a grupos derechistas.

La población civil queda en el medio y aunque muchos "han buscado confiar en la institucionalidad, construir un municipio a pesar de todas las dificultades" lamenta que falten "instituciones que de verdad le den esperanza al pueblo".

Los rastros de la explosión siguen frescos e incluso los restos del coche detonado están en un terreno baldío a un par de calles de la plaza central, a la que casi no va nadie porque hace parte de una zona acordonada y fuertemente custodiada por la Policía.

A las afueras del pueblo también abundan los retenes militares y policiales en los cuales los uniformados, que también se ven temerosos, piden identificación al borde de la carretera a todo el que pasa por allí y revisan cada vehículo por seguridad porque los hostigamientos están a la orden del día.

Un futuro para los jóvenes 

Para Lorena Mendoza, que hace parte de la Asociación Juvenil Estudiantil Regional (Asojer), el objetivo, en este contexto de violencia, es "cambiar todas esas problemáticas para la juventud" y por ello cree necesario que se les garanticen "las condiciones necesarias para la educación superior, para un trabajo y para oportunidades".

"Nosotros no nos queremos ir nunca de Arauca, pero si lo tenemos que hacer es por falta de oportunidades. Si nos vamos a estudiar a otros departamentos es porque acá no hay una universidad pública, gratuita y de calidad a donde todos los jóvenes puedan asistir", concluye la joven, esperanzada en tener un futuro más pacífico.

EFE